Largas filas, desabastecimiento y malos tratos del personal médico son el calvario diario de miles de panameños en las instalaciones públicas de salud. Para aquellos que viven con VIH, la situación se agrava aún más, ya que enfrentan la amenaza de perder su trabajo o incluso ser criminalizados por su condición.
En la reciente Conferencia Mundial del Sida, realizada en julio de 2024 en Alemania, se conversó sobre la criminalización o la consideración de portar o transmitir el virus como un delito. Expertos consideran esta realidad preocupante al considerar que este tipo de regulación puede ser una barrera para que una persona se realice exámenes de VIH con regularidad, además de ser prácticamente imposible de establecer la persona transmisora del virus con total claridad.
Esta criminalización, junto con la falta de políticas públicas inclusivas, crea un entorno hostil para las poblaciones clave afectadas por el virus en Panamá. En nuestro país, los hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras sexuales y personas trans son las principales afectadas, mientras que a nivel mundial se incluye a las personas que viven en prisión y otras personas de la diversidad sexual. Ninguna de las poblaciones anteriormente mencionadas son protegidas por la Ley panameña y son ampliamente discriminadas de forma sistemática por el Estado y la sociedad en general.
Esta situación influye directamente en la respuesta insuficiente por parte del Estado panameño sobre el VIH. Ejemplo de ello es que hasta el momento no se ha regulado la Ley 40 de 2018. Esta norma establece el marco jurídico para el abordaje integral de las infecciones de transmisión sexual y el virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), incluyendo incentivos para investigaciones sobre VIH. Los datos de nuevos pacientes con el virus no dejan de subir, mientras el Estado apenas ha permitido el uso de la profilaxis pre exposición y demora en introducir novedosos métodos para los pacientes que viven con el virus.
Preocupa de manera especial las nuevas infecciones, sobre todo en jóvenes en edad productiva y personas indígenas, además de un crecimiento sostenido del virus en los últimos años.
No es hasta reciente fecha que la Comisión Nacional para Control y Prevención del VIH (CONAVIH) vuelve a reunirse, después de varios años de completa inoperancia. Aunado a esto, la Comisión no incluye organizaciones que representen a todas las poblaciones clave y el gasto en la respuesta al virus ha ido decreciendo según los mismos reportes del Ministerio de Salud, demostrando que del año 2014 al 2020 hubo una disminución del 22%.
La pobre respuesta del Estado de seguro le recordará a muchos y muchas de ustedes la década de los ochenta y noventa, cuando el mundo demoró años en responder a la epidemia del VIH precisamente por la discriminación y el estigma de los hacedores de políticas públicas al pensar que era una condición que solamente podían transmitir o tener los gays.
Es hora de que el Estado panameño reconozca su responsabilidad en esta crisis y actúe con decisión. Necesitamos políticas inclusivas y basadas en derechos humanos que protejan a todas las personas, independientemente de su condición, identidad, trabajo u orientación sexual. Urge mayor participación de la sociedad civil, educación sexual científica, mayores recursos y la reglamentación y ejecución plena de la regulación existente. Solo así podremos romper el ciclo de estigma y desatención que perpetúa la epidemia del VIH en nuestro país.
