Mientras las aguas de discusión en el Legislativo van menguando, y el malestar ciudadano en las calles y redes sociales se va elevando, tal vez de forma tardía, muchas de las autoridades electas y otros gremios no han dejado de aprovechar la oportunidad para mencionar lo positivo de la nueva Ley del Seguro Social. Lo que han querido ignorar, de forma deliberada tal vez, es que la Ley desde el inicio incumplía el principio democrático de igualdad contenidos en los artículos 19 y 20 constitucional relacionado a la población LGBTIQ+.
El texto enviado por el Ministerio de Salud a la Asamblea Nacional incluyó una obligación de aportar un certificado de matrimonio para diversos trámites y reconocimiento de derechos. Por ejemplo, una pareja de mujeres lesbianas, a pesar que una de ellas tenga 20 años cotizando altos salarios en el Seguro, su pareja por ser del mismo sexo no puede recibir atención médica o su pensión de viudez o vitalicia.
Esta situación es claramente injusta y sobre todo discriminatoria, cuando hay parejas heterosexuales en concubinato que, sin estar casadas, reciben reconocimiento de derechos por parte de la Caja, incluso sobre los hijos de su pareja con quienes no mantienen una relación filial o de patria potestad. Jamás he escuchado a una persona heterosexual decir que no quiere recibir cierta atención en el Seguro porque el servicio está en parte cubierto por la cotización de una persona LGBTIQ+ o pedir que las personas LGBTIQ+ paguemos una tasa menor de impuestos porque recibimos menos derechos del Estado.
El reclamo de la población LGBTIQ+ llegó de diversas formas y ninguno fue escuchado, ni por el Ministro de Salud o el Director de la Caja. Ni uno de los 71 miembros del Legislativo, incluyendo el Secretario General, elevaron su voz para corregir esta injusticia durante el proceso. Ante la Comisión, se presentaron recomendaciones que no fueron agregadas en el primer debate. A pesar de ello, parece que la publicación de una Carta Abierta en un diario de circulación nacional y los más de 500 correos electrónicos directos tampoco funcionaron en las siguientes fases.
Lastimosamente, todos los funcionarios implicados en el proceso no actuaron con su obligación legal de buen padre de familia, toda vez que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos había opinado sobre el derecho de igualdad ante la ley y la no discriminación, a la integridad personal y a la vida en el caso Angel Duque vs. Colombia. Este caso versaba sobre una pareja de dos hombres que tenían más de 20 años de relación, cuando uno de ellos fallece y el sobreviviente no puede acceder a la pensión por viudez o a sus medicamentos, quedando sin hogar y con una salud deteriorada. Esto obligó a nuestra vecina nación a pagar los gastos y costas y hacer cambios legales internos para brindar igualdad y justicia.
Sobre la Convencionalidad, la Corte panameña ha sido vergonzosamente selectiva en su aplicación. En un fallo, un magistrado de la Corte mencionó que todo funcionario debe actuar sobre la convencionalidad, aunque en el derecho interno no exista una norma alineada con el derecho internacional.. Sin embargo, esto se les olvidó en el fallo de matrimonio de parejas del mismo sexo, al esquivar la convencionalidad y el artículo 4 de la Constitución, además de la Convención de Viena sobre la supremacia del derecho internacional sobre el interno.
Pero al parecer, nuestra Corte cambia de opiniones de acuerdo a la naturaleza cuando en el fallo contra el contrato minero, da cátedra legal sobre derechos contenidos en convenciones. Esta realidad, junto a la exclusión por todos los poderes del Estado de las personas LGBTIQ+ es muestra clara y fehaciente de que el Estado panameño, a través de sus agentes, es claramente discriminatorio y abre las puertas a enfrentar el escarnio internacional más adelante y pagos sobre el daño material e inmaterial sobre toda una población olvidada que busca justicia.
Es imposible ser un Estado democrático y no creer en la igualdad para todas las personas, y afirmar ser respetuoso de los derechos humanos pero escoger de forma conveniente cuáles derechos respetar. Hoy nos olvidaron, pero no tardarán en recordarlo. Y aquí estaremos para asegurarnos de que lo hagan.
Abdías Zambrano es Director de Proyectos de Fundación Iguales
Artículo original publicado en La Prensa.
