Esa pregunta es muy personal para mí. Antes de trabajar por los derechos de la población LGBTIQ+, fui diplomático y ayudé a negociar acuerdos regionales sobre los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, las personas mayores y la protección contra la discriminación. Esa experiencia me permitió vivir el principio de la universalidad de los derechos humanos, que llama a aplicarlos por igual a todas las personas.
Hace nueve años iniciamos Fundación Iguales para dar voz a las personas LGBTIQ+ panameñas y a sus familias que con frecuencia pasan desapercibidas. Queríamos, sobre todo, que las personas jóvenes LGBTIQ+ pudieran ver un futuro para sí mismas en Panamá, con dignidad, respeto e igualdad de oportunidades.
Cada año recorremos el país escuchando a familias diversas. He visto amor, compromiso y respeto extraordinarios, pero también familias a las que se les niegan protecciones que otras dan por sentadas: personas del mismo sexo que han construido su vida juntas durante décadas, pero que siguen siendo extrañas ante la ley; padres preocupados porque sus hijos quizá deban dejar Panamá para vivir abiertamente, y familias que enfrentan la injusticia de la incertidumbre legal.
Una mujer lesbiana me contó que se le negó la certeza de poder estar junto a su pareja en una emergencia médica. Otras familias enfrentan cargas económicas como la imposibilidad de obtener un préstamo conjunto, declarar impuestos en pareja o incluir a su pareja en el seguro social. ¿No tiene derecho esa persona a proteger la salud de su pareja solo porque son del mismo sexo? También preocupan los derechos de herencia y el reconocimiento parental. Ninguna familia debería preguntarse si su relación será reconocida justo cuando más necesita protección.
Por eso el matrimonio civil importa. Es más que un contrato legal: es el reconocimiento de la sociedad de que una familia existe y merece protección, es un compromiso público que da estabilidad y seguridad a las parejas y a sus hijos, y un convenio para cuidarse mutuamente en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la adversidad.
En toda América y en el mundo, los países han demostrado que extender el matrimonio civil a las parejas del mismo sexo fortalece a las familias y que no hay perjuicio para nadie dentro de esa sociedad. Más del 70% de las personas en América Latina ya viven en un país donde contraer matrimonio civil para personas diversas es posible.
Panamá también está cambiando. Las conversaciones que tengo hoy son muy distintas de las que tenía cuando fundé Fundación Iguales hace casi una década. Cada vez más personas en Panamá reconocen que las personas LGBTIQ+ son sus familiares, vecinas y amigos y que merecen dignidad y respeto. Una encuesta de 2023 encontró que 7 de cada 10 panameños creen que el Estado tiene la obligación de proteger a las parejas del mismo sexo y sus familias, lo que representa un aumento de más de 15 puntos respecto a 2021. Más revelador aún: el 78% cree que estas parejas deberían contar con protecciones legales básicas en emergencias médicas y en otros momentos de crisis. Este apoyo se extiende a todos los rangos de edad, provincias, comunidades religiosas y posiciones políticas.
Esto revela una verdad importante: La conversación ya no es sobre si las parejas del mismo sexo merecen protección, sino sobre si nuestras leyes alcanzarán los valores de justicia y respeto que tantas personas panameñas ya practican.
Los compromisos de Panamá en materia de derechos humanos se enmarcan igualmente en el cambio global positivo. En la Opinión Consultiva OC-24/17, la Corte Interamericana concluyó que negar a las parejas del mismo sexo el acceso al matrimonio civil es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como miembro del Sistema Interamericano, Panamá está obligada a alinear sus leyes con dicho compromiso.
Cuando los líderes regionales se reúnan mañana, escucharán a familias y defensores como yo, quienes pedimos igualdad ante la ley para las parejas del mismo sexo. Espero que esto anime a los Estados de la OEA a avanzar hacia una visión compartida de equidad, inclusión y no discriminación.
Pero para las familias que conozco, este tema no se trata de opiniones judiciales ni de doctrina legal, sino de si sus relaciones e hijos reciben las mismas protecciones que los demás. Cada día que las parejas del mismo sexo quedan excluidas del matrimonio, sus familias enfrentan incertidumbre y un trato desigual, como si merecieran menos que el resto de los panameños. Panamá puede hacerlo mejor: O seguimos diciéndoles a miles de familias que merecen menos protección que sus vecinos, o afirmamos que toda familia merece la misma dignidad ante la ley.
Los tiempos cambiaron y Panamá lo sabe: defiende la dignidad humana ante la OEA, en su multilateralismo, ante el mundo. La pregunta es si esa defensa se inicia o termina en nuestras fronteras. No se trata de política, sino de personas —y de si todas las familias panameñas merecen la misma protección—. ¿Nos quedaremos en discursos o daremos el paso para reconocer esa dignidad? Los ojos de las Américas están puestos en Panamá.
